DERECHOS DEL INVESTIGADO EN LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA

Los inspectores y las inspectoras de educación tienen entre sus funciones velar por el cumplimiento de la legalidad instando, si fuera el caso, ante la autoridad competente el inicio de los procedimientos administrativos oportunos. Pero antes, deben acreditar la realidad de los hechos puestos en su conocimiento, mediante su investigación.

Si entendemos que supervisar tiene entre sus finalidades contribuir al cumplimiento de la Ley; inevitablemente estamos hablando de evaluación que es una función concurrente para el ejercicio de la supervisión educativa, pues está presente en todas sus actividades. La evaluación como un proceso sistemático de recogida y análisis de la información, de forma fiable y válida, orienta la emisión de un juicio de valor en la investigación de las actuaciones que se pretenden supervisar.

¿Cuándo empieza el procedimiento administrativo?. Recuerdo esa pregunta, hace unos años, de un compañero inspector de educación. Se refería al encaje de la labor investigadora de la inspección educativa en el marco de la Ley que regula el procedimiento administrativo.

Es importante la respuesta, porque de ella depende el ejercicio de los derechos del profesorado y equipos directicos sometidos a una investigación. Si la respuesta es que esta labor es anterior al inicio del procedimiento administrativo, las personas afectadas por las actuaciones de la Inspección no tendrían la condición de interesados en el procedimiento y no podrían, como tales, acceder, por ejemplo, a una copia de la denuncia o de las actas levantadas por el inspector de educación en las entrevistas mantenidas con diferentes miembros de la comunidad educativa.

Empecemos definiendo ese periodo previo de actuaciones de los inspectores de educación, en el que se ponen en práctica las atribuciones de la inspección educativa (visita al centro y/o al aula, entrevistas con diferentes miembros de la comunidad educativa, acceso a la documentación administrativa, pedagógica o de tipo económico, etc), en el marco de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tradicionalmente hemos venido hablando del trámite de información reservada, con carácter previo a la apertura de un procedimiento disciplinario. Un trámite que dependía de la decisión del órgano competente para incoar este tipo de procedimientos (artículo 28 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado). Dicho lo cual una competencia de los inspectores de educación es intervenir e investigar de oficio, en los centros educativos, para velar por el cumplimiento de la legalidad y de los principios y valores de la Ley Orgánica de Educación.

Actualmente, a raíz de la publicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, existe un concepto que engloba esta fase de actuaciones de los inspectores de educación, previa a la apertura de cualquier tipo de procedimiento ya sea administrativo o, en concreto, disciplinario. Hablamos del trámite de actuaciones previas reconocido en el artículo 55 de este texto legal, que señala “con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento”. “En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros”. Es decir, en la actualidad el concepto de “trámite de actuaciones previas” engloba al conocido “trámite de información reservada”.

Este tipo de actuaciones previas son competencia del Cuerpo de Inspectores de Educación (en el sistema educativo) al tener atribuida las funciones de investigación, averiguación e inspección sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo.

El objetivo de la inspección educativa, abierto el trámite de actuaciones previas, no se limita exclusivamente al esclarecimiento de los hechos (en un contexto infractor) sino que, atendiendo a las funciones de los inspectores de educación también se hace un juicio de valor de manera anticipada, en un informe, de la presunta infracción disciplinaria. Esta propuesta, contenida en un informe, no siendo vinculante para el órgano competente, sí será determinante en el devenir futuro de un procedimiento disciplinario, pues incorpora testimonios y otras pruebas documentales, obtenidas en esa fase de actuaciones previas que condicionarán, por ejemplo, el derecho de defensa del presunto inculpado.

Dicho enjuiciamiento que toma forma de investigación, en el trámite de actuaciones previas, se sustancia sin las exigencias del procedimiento disciplinario y surgen dudas en cuanto a los derechos del presunto inculpado.

Hasta ahora la respuesta habitual de la Administración, al investigado, ha venido siendo negativa a darle acceso al expediente. Se suele indicar que la información reservada no va dirigida contra ninguna persona, no existe un expedientado, ya que se trata de un conjunto de actuaciones previas que tienen como único objetivo valorar la viabilidad en relación con la posible incoación de un expediente disciplinario y, consecuentemente, no existe una persona interesada que pueda tener derecho de acceso a los documentos del expediente. Señalando que sólo la incoación del expediente disciplinario y el subsiguiente pliego de cargos, hace aparecer en el procedimiento la figura del interesado.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso, sección nº 4, de fecha 25/09/2023, no considera ajustada a derecho esa respuesta de la Administración y crea jurisprudencia en torno a dos cuestiones de gran interés para la inspección educativa, que tiene como propósito asegurar los derechos y la observancia de las obligaciones del profesorado.

La sentencia determina la naturaleza jurídica del trámite de actuaciones previas en el que intervienen los órganos con competencia en la investigación de los hechos (en nuestro caso, los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación). Señala que el trámite de actuaciones previas es un procedimiento administrativo. A partir de ahí reconoce al denunciado los derechos del interesado en cualquier tipo de procedimiento conforme al artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señalando que tiene derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, así como a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos (artículo 53.1).

Es decir, y así viene señalado expresamente por esta Sentencia, independientemente de que fruto de la intervención de la inspección educativa se incoe o no un procedimiento disciplinario, la profesora o el profesor que hubiera sido investigado por una denuncia interpuesta, o de oficio, tendrá derecho de acceso a la información generada fruto de dichas actuaciones previas.

Con relación al acceso a la denuncia, por parte del profesorado, ya hice una reflexión al respecto en este Blog (puedes leer AQUÍ) que ahora se ve confirmada con esta reciente jurisprudencia.

En definitiva, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado reconociendo el derecho del denunciado, aunque no se abra finalmente un expediente disciplinario, al acceso a la documentación contenida en las actuaciones previas a las que considera un procedimiento administrativo y como tal, se  le reconocen los derechos del artículo 13 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al ser considerado interesado, ante dichas actuaciones de investigación.

Un paso más en el ejercicio de la transparencia en cuanto a los fines de sus actuaciones, los instrumentos y las técnicas utilizados por la inspección educativa. Un principio promovido por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y que habrá de servir para asegurar los derechos del profesorado, en el ejercicio profesional y técnico de las funciones de los inspectores de educación.

993 lecturas de este artículo.

Juan José Arévalo Jiménez

auladeinspeccion@gmail.com

Preparador de las oposiciones de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

Share This

Si continuas utilizando este sitio web aceptas el uso de cookies. Más información.

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar