¿JURAS O PROMETES DECIR LA VERDAD?. PUES, DEPENDE DEL MOMENTO.

Anoche vi una película americana protagonizada por Denzel Washington. En una de sus escenas, un sospechoso le pide acceder a la “carta” Miranda, o mejor dicho a las Reglas Miranda o Derechos Miranda. Dicho así imagino que puede ser complicado entender su significado, pero seguro que os resulta familiar esta frase de las películas americanas: “Tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho a hablar con un abogado y que un abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno. ¿Le han quedado claro los derechos previamente mencionados?”.

La Advertencia Miranda se ha establecido como una rutina en el procedimiento policial, de aquel país, para evitar la violación del derecho constitucional a no auto incriminarse, garantizado por la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (derecho a guardar silencio).

En España, el artículo 24.2 de la Constitución reconoce como un derecho fundamental de los ciudadanos, el derecho a la defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

Al principio, el contenido de la garantía de no autoincriminación (derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo) se desarrolló por el Tribunal Constitucional mediante la consideración de supuestos ligados a condenas penales. Posteriormente se ha continuado aplicando esta doctrina con ocasión de resolver recursos de amparo en que se impugnaban sanciones disciplinarias a funcionarios públicos.

El traslado a la actividad administrativa sancionadora de las garantías procedimentales del art. 24.2 de la Constitución Española, reflejadas en él con relación directa al proceso penal, viene siendo admitido desde la STC 19/1981, de 8 de junio, FJ 2, con la condición de que sea necesario para preservar los valores ínsitos en ese precepto y que sea compatible con la naturaleza de la actuación administrativa en los procedimientos disciplinarios y también en el trámite de actuaciones previas en el que interviene la inspección educativa. Unas actuaciones, sobre las que ya escribimos en este Blog (puedes leer sobre los derechos del investigado AQUÍ) y que tienen por objeto determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros (artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas).

En este sentido ha de destacarse la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La STC 142/2009, FJ 5, estableció que “del examen de las actuaciones […] se desprende que en ningún momento del procedimiento los recurrentes fueron forzados a realizar una declaración autoincriminatoria, lo que resultaría constitucionalmente inadmisible no solo en el procedimiento administrativo sancionador propiamente dicho, sino también en la práctica de una información reservada —pese a que esta no tenga carácter sancionador; por todas, STC 276/2006, de 25 de septiembre, FJ 6— cuyo objeto era la determinación de las posibles responsabilidades administrativas de los demandantes de amparo”. De este modo, el tribunal destacó que la garantía de no autoincriminación tutela frente a la aportación de información autoinculpatoria que sea fruto de coerción o compulsión, nunca cuando se suministra voluntariamente; y que dicha garantía no solo protege en el seno del proceso penal o sancionador, sino también frente a la utilización en tales procedimientos como prueba de cargo del material autoincriminatorio coactivamente aportado a los poderes públicos en cualesquiera otros procedimientos, aunque sean de otra naturaleza (la información reservada tiene fines de indagación e investigación de hechos y no de sanción o castigo).

Llegados a este punto ¿Cómo se conjuga la atribución de la inspección educativa con el derecho a guardar silencio de unauladeinspeccion presunto inculpado, en un trámite de actuaciones previas o de información reservada? Me estoy refiriendo, en concreto, a la atribución de la inspección educativa, reconocida en el artículo 153.c de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo LOE, que señala la potestad de recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública.

La respuesta la encontramos en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al señalar que el derecho a no declarar contra sí mismo, de los empleados públicos implicados en un proceso de actuaciones previas o en un proceso disciplinario, es compatible con “la obligación de soportar las diligencias de prueba” que se consideren pertinentes y  que el derecho a guardar silencio no ampara “faltar conscientemente a la verdad”.

La STC 54/2015, ha confirmado, con apoyo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en la perspectiva de la garantía de no autoincriminación, es en principio indiferente que la declaración coactiva se produzca en un proceso o procedimiento previo al propiamente penal o sancionador, pues lo relevante es que produzca efectos incriminatorios en este último. Y este dato es muy relevante en las labores de investigación que se desarrollan en las actuaciones previas y que pueden desembocar en el levantamiento de un acta, con presunción de veracidad, en que se toma la declaración del presunto responsable, sin ofrecerle las garantías señaladas y que servirá posteriormente como prueba de confesión (en la actualidad denominada interrogatorio de parte) de una serie de hechos una vez abierto el procedimiento disciplinario.

Recordemos, para finalizar, que en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe y no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales (artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder judicial, LOPJ). Por lo que corresponde a la inspección educativa asegurar las garantías de los derechos del profesorado (artículo 148 de la LOE) para ejercer su derecho de defensa, en este tipo de trámites con el objeto de dar seguridad jurídica a los docentes en el trámite de actuaciones previas y al propio procedimiento disciplinario, si finalmente acaba incoándose.

Cuestión distinta es si el empleado público es citado como testigo de hechos de los que otro es presunto responsable. “Antes de declarar, cada testigo prestará juramento o promesa de decir verdad”, con la salvedad de aquellos que deban guardar secreto (artículo 365 y artículo 371 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

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Juan José Arévalo Jiménez

auladeinspeccion@gmail.com

Preparador de las oposiciones de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación

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