«SIEMPRE SE HA HECHO ASÍ»

«SIEMPRE SE HA HECHO ASÍ»

El argumento de la tradición, la inercia y la costumbre pretende avalar muchas de las decisiones que se toman en el ámbito educativo. “Siempre se ha hecho así” es el freno que el profesorado, las direcciones de los centros y la propia Inspección puede encontrarse ante un nuevo planteamiento, pedagógico, organizativo o de gestión, que rompe con un criterio que ha permanecido inalterable en el tiempo.

Hoy hablaremos de esa costumbre no escrita y que nunca se escribe, contraria al principio de legalidad, fruto del desconocimiento del marco normativo actualizado.

Las acciones del profesorado, equipos directos e inspectores de educación son fruto de una lógica que se enmarca en las ciencias de la educación con ámbitos reglados y exigencia normativa en unos casos; si bien en otros campos de decisión puede funcionar la discrecionalidad o la autonomía, debidamente motivada.

Esto nos obliga a conocer el marco normativo. En ese sentido la Inspección de educación ha de jugar un papel central con sus labores de control,  asesoramiento e información a la comunidad educativa. Esa frase de «Lo ha dicho el Inspector» , supone poner voz a la normativa en el marco del cumplimiento de la legislación y, también, da cabida a orientaciones para la mejora, en el ejercicio de la autonomía de centro y la libertad de cátedra del profesorado.

Leía hace unos días una interesante reflexión de D. JR Chaves, magistrado especialista de lo contencioso administrativo en su blog delaJusticia.com, respecto a una reciente sentencia del Tribunal Supremo (de la Sala tercera de 23 de marzo de 2021, rec.3688/2019) que, señalando lo obvio, apunta a desterrar ese argumento de la costumbre como una especie de ”bálsamo de fierabrás” que contrapone una corriente de opinión a una valoración técnica fundamentada en la normativa.

Dice el Tribunal Supremo: “En particular, ni constituye un argumento de autoridad, ni una fuente interpretativa de las normas jurídicas, máxime con rango de ley; ni tal uso es un aval para respaldar lo que se viene haciendo por el simple hecho de que se viene haciendo, o para resaltar el grave perjuicio que para el interés general supondría desautorizar esa práctica. A tal respecto, es menester recordar, una vez más, que no hay un interés general superior, en el orden constitucional, al de que la ley se cumpla (arts. 9.1; 9.3 y 103.1 CE); del mismo modo que el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la Administración como organización servicial que lo gestiona -lo debe gestionar-“. Concluye D. JR Chaves “que la actuación administrativa debe acomodarse a la ley y no a la inversa. Que las leyes escritas no se degradan, derogan ni debilitan porque su incumplimiento sea generalizado, pacífico o tolerado. Que la Administración está para gestionar, pero no para imponer por su fuero, no está para que se presuma el acierto de su interpretación, ni para elevar la eficacia sobre la legalidad”.

Si hablamos de marco normativo, “la costumbre es, en muchos casos, mala consejera. Hace que tomemos la injusticia por justicia y el error por la verdad”. (Georg Ch. Lichtenberg).

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Juan José Arévalo Jiménez

Preparador de  las oposiciones de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.



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