Cosas de niños o indicios de acoso escolar.

Cosas de niños o indicios de acoso escolar.

Tal y como señala la Instrucción 10/2005, de 6 de octubre, de la Fiscalía General del Estado sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil “muchos de los actos encuadrables en el acoso escolar han sido -siguen siéndolo aún- frecuentemente considerados parte integrante de la experiencia escolar, inherentes a la dinámica propia del patio del colegio, como una lección más de la escuela en la que como anticipo de la vida el menor tiene que aprender a resistir, a defenderse, a hacerse respetar e incluso a devolver el golpe”.

Muchos expertos e Instituciones (Defensor del Pueblo y Fiscalía) coinciden en señalar que el primer nivel de lucha contra el acoso escolar debe estar liderado por los profesores del centro educativo, y que ellos deben ser los primeros destinatarios de la puesta en conocimiento del problema. A partir de ahí el abordaje de esta cuestión debe ser conjunto y preferentemente desde los niveles básicos de intervención: padres, profesores y comunidad escolar.

Hagamos una reflexión sobre el papel de las Direcciones y el profesorado de los centros, ante los indicios de acoso escolar. Expresión genérica e indeterminada que incluye la nueva Ley educativa. Lo que hagamos en ese momento inicial, determinará el resultado del proceso.

Una de las funciones del profesorado es la de contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática y de la cultura de paz, por ello requiere de una especial formación para ser capaz de prevenir y detectar situaciones de acoso escolar, diferenciándolas de otras circunstancias que puedan afectar a la convivencia escolar.

Debe deslindarse el acoso escolar de los incidentes violentos, aislados u ocasionales entre el alumnado. El acoso se caracteriza, como regla general, por una continuidad en el tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente que el mismo sea la resultante del empleo conjunto de todas o de varias de estas modalidades. La igualdad que debe estructurar la relación entre iguales degenera en una relación jerárquica de dominación-sumisión entre acosador/es y acosado. Concurre también en esta conducta una nota de desequilibrio de poder, que puede manifestarse en forma de actuación en grupo, mayor fortaleza física o edad, aprovechamiento de la discapacidad de la víctima etc.

Una de las novedades que incorpora la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), es la figura del “coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que debe designarse en todos los centros educativos independientemente de su titularidad”. Aparece recogida en el artículo 124.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, referido a las normas de organización, funcionamiento y convivencia que señala, además, que “las Administraciones educativas regularán los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia”.

Llegados a este punto, ¿cuál es el significado de indicio de acoso escolar?, ¿cómo actuar para dar una respuesta adecuada a esa primera manifestación de un problema de convivencia en el centro educativo?. Nos jugamos mucho en esa toma inicial de decisiones.

Un indicio racional de la existencia de acoso escolar tiene una triple consideración. Sería una circunstancia que apunta a la existencia de un hecho calificado como tal, en los Protocolos de actuación dictados por la Administración educativa y que justifica la incoación de un trámite de investigación. A su vez tendría el valor inicial de establecer una presunción, como método de prueba, para enlazar ese indicio, puesto en conocimiento del profesorado, con la comisión de uno o varios actos de acoso escolar.

Por último traslada al equipo directivo y al profesorado la responsabilidad de actuar con la “diligencia de un buen padre de familia” para prevenir el daño que pudieran sufrir los menores en el centro educativo (principio que libera de la responsabilidad objetiva por los daños causados por los alumnos en horario lectivo, atendiendo a lo establecido en el artículo 1903 del Código Civil). “La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que empelaron toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño”. Recordemos que para el Tribunal Supremo (Sentencia de 17 de diciembre de 2004) «la esencia de la culpa consiste en no prever lo que pudo y debió ser previsto o en la falta de adopción de las medidas necesarias para evitar el evento dañoso».

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16/09/2014, al condenar a la Administración al pago de una indemnización por los daños sufridos por un menor en un centro educativo señala: “El acoso escolar es difícil detectarlo. No se reprocha al centro escolar que no detectara el acoso, que sí que lo hizo, pero tarde. Se reprocha el confundir un episodio del acoso con un hecho aislado (que nada tiene que ver con el acoso) y omitir las medidas adecuadas para descubrirlo y poner fin al mismo, y la pasividad de la tutora como queda dicho” (…). “Por este motivo cualquier indicio o signo que el niño/adolescente exprese, de afectación o malestar, en esta dirección, hay que considerarlo sin dilación, procurando, atención y con tensión ante lo que ocurre, indagando en la realidad que se infiere del problema y aportando soluciones que, primero, respalden y amparen el desvalimiento e indefensión que esté viviendo el niño o adolescente y segundo, incluyan a todos los implicados, para que puedan adoptarse medidas adecuadas que modifiquen el patrón de conducta afectado en la interacción de acoso”

Algunas cuestiones relevantes a tener en cuenta por las Direcciones y los docentes de los centros educativos (independientemente de su titularidad) para reaccionar ante los “indicios de acoso escolar” serían las siguientes:

a) Cuando la revelación de la posible existencia de acoso escolar hacia algún menor escolarizado en el centro educativo haya llegado por algún conducto al margen de sus representantes legales y siempre que existan elementos que apunten a que éstos desconocen la situación en la que vive su hijo o hija, se deberían poner los hechos en conocimiento de los mismos. Es frecuente que los niños y adolescentes no informen a su familia, por temor a complicar aún más la situación. La labor de los progenitores es esencial en la recuperación de sus hijos e hijas, en las situaciones de acoso escolar.

b) También es frecuente que las víctimas de acoso estén demasiado asustadas para dar el paso adelante de formular una denuncia, incluso de comunicar su situación a sus representantes legales o a sus profesores. La pérdida de autoestima y el temor a que la situación empeore lleva, en muchos casos, a los acosados a soportar estoicamente la situación, persuadidos de que no hay solución. Incluso en ocasiones la víctima llega a convencerse de que merece el tratamiento que recibe por parte del acosador.

A mayor edad en el acosado, menor probabilidad de que el mismo comunique la situación a sus mayores. Ello lleva a que los casos de menores que sufren el acoso en silencio, invisibles para los adultos, sean abundantes.

Nuria Manzano que, atendiendo a la noticia publicada en El PAIS, está elaborando la nueva guía oficial sobre cómo deben actuar los centros educativos ante el acoso escolar por encargo del Ministerio de Educación, señala que «Pasa alrededor de un año de media, dos si es ciberacoso, antes de que lo cuenten»

c) Por todo lo expuesto, la primera actuación a realizar ante la recepción de la noticia de un posible caso de acoso escolar, que se presume verosímil, habrá de ser la apertura del Protocolo de actuación, definido por la Administración educativa. Es lo que se denomina un trámite de información y actuaciones previas (artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) “con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento”. Se iniciaría aunque puedan emplearse fórmulas genéricas cuando los hechos no estén definitivamente perfilados.

Este primer paso, podrá ser solicitado por la presunta víctima, su familia o de oficio por el propio centro educativo, que siempre habrá de actuar bajo el principio de supremacía del interés del menor. Iniciado el trámite de actuaciones previas, todo el procedimiento se impulsará de oficio, por los responsables del centro educativo (recordemos que estaríamos ante un procedimiento de naturaleza educativa-sancionadora).

La inmediación seguida de la toma de testimonio a la presunta víctima y al presunto inculpado serán herramientas poderosas para clarificar la entidad de la situación denunciada y para adoptar la decisión más adecuada.

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Juan José Arévalo Jiménez

Preparador de  las oposiciones de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.



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