La revocación del nombramiento del director de un centro público: el expediente contradictorio.

La revocación del nombramiento del director de un centro público: el expediente contradictorio.

En este texto vamos a analizar la revocación del nombramiento del director de un centro público, mediante un expediente contradictorio instruido por la inspección de educación.

La selección y nombramiento de directores de los centros públicos se efectuará mediante concurso de méritos entre profesores y profesoras funcionarios de carrera que impartan alguna de las enseñanzas encomendadas al centro (artículo 133 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE)

El cese del director se puede producir, entre otros supuestos, por la revocación del nombramiento del director motivada por la Administración educativa competente, a iniciativa propia o a propuesta motivada del Consejo Escolar, por incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de director. En todo caso, la resolución de revocación se emitirá tras la instrucción de un expediente contradictorio, previa audiencia al interesado y oído el Consejo Escolar (artículo 138 de la LOE).

A primera vista, tres elementos caracterizan el procedimiento de revocación del nombramiento de un director de un centro público: la prueba de la existencia de un incumplimiento grave de sus funciones, reconocidas en el artículo 132 de la LOE (que será el elemento decisivo del procedimiento de remoción del funcionario), la instrucción de un procedimiento contradictorio (no disciplinario), al que se acompaña el trámite de audiencia al interesado y oír la opinión del Consejo Escolar.

El cese por revocación del nombramiento de un director va referido  a un concepto jurídico  indeterminado: «por incumplimiento grave  de las funciones inherentes al cargo de director», representante de la Administración en el Centro educativo, que debe ponerse en relación con las funciones del mismo establecidas en el transcrito 132. Como concepto jurídico indeterminado se basa en unos hechos determinantes que deben concurrir, y que, con carácter general le corresponde  a la inspección de educación acreditar.

Así pues, el incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de Director se ha de basar en el relato fáctico acaecido según el Informe del inspector o inspectora encargado del asunto, que dada su condición  funcionarial goza de la presunción legal «iuris tantum» de  veracidad,  acierto  y objetividad  (de acuerdo con lo establecido en el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos, que harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario).

Siendo la prueba un elemento determinante, hay que destacar que las actas y los informes de  los inspectores son considerados documentos públicos, a efectos probatorios, tal y como establece el art. 317  de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al estar expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para  dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones; en ese caso la supervisión de la  función directiva (artículo 151.b de la LOE).

Por lo expuesto, le correspondería al director o directora del centro público desvirtuar dicha presunción legal, de las actas e informes de los inspectores, con elementos de naturaleza  documental, testifical o, incluso, pericial.

Dicho lo anterior, ante un incumplimiento grave del director o de la directora el ordenamiento jurídico posibilita la aplicación de dos tipos de procedimiento: la revocación mediante la instrucción de un expediente contradictorio o la apertura de un expediente disciplinario con la aplicación de la legislación autonómica que articula este régimen sancionador.

En este caso, la diferencia entre un expediente contradictorio y un expediente disciplinario, vendría dada porque en el primer caso estamos ante un expediente de remoción del director por no idoneidad para el desempeño del puesto o de un rendimiento insuficiente que no comporta inhibición en el que lo exigible es posibilitar la formulación escrita de alegaciones y medios de defensa a las dos partes por igual; mientras que en el segundo caso, se apreciaría, en el incumplimiento por parte del director, dolo o culpa por parte del funcionario, lo que supone atendiendo al artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la exigencia de responsabilidad disciplinaria, con la apertura de un expediente en el que entran en juego los trámites, garantías y principios rectores del derecho sancionador. Entre otras se definen estas diferencias en la sentencia de 12/12/2016 del Tribunal Superior de Justicia de Bilbao (Sala de lo Contencioso).

La Administración competente podrá revocar el nombramiento del director, pues ostenta la facultad para apreciar la concurrencia de causa prevista en el artículo 138 de la LOE, lo que exige necesariamente una resolución con motivación adecuada, y, para que no exista arbitrariedad en la decisión, la Administración deberá justificar adecuadamente su actuación.

Salvo que exista un regulación específica del expediente contradictorio de revocación de directores, en la Comunidad Autónoma, podemos señalar, atendiendo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015) y al análisis de algunas sentencias, una serie de características de este proceso de revocación del nombramiento del director de un centro público:

1.-Habría una separación entre la fase de instrucción del expediente que le correspondería al inspector o inspectora de educación y la resolución final del procedimiento, que le compete  al órgano que nombró al director.

2.-El papel de  la Inspección de educación gira en torno a  constatar la veracidad de  los hechos que constituyen alguno de los incumplimientos de las funciones del director, señaladas en el artículo 138 de la LOE. Estaríamos ante una serie de actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la posterior resolución (artículo 75 de la Ley 39/2015).

El inspector de educación iniciará las actuaciones de instrucción oportunas de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia (artículo 58 de la Ley 39/2015).

3.-Tomando como base el informe preceptivo del inspector de educación (artículo 77.6 de la Ley 39/2015), así como el resto de documentación del expediente administrativo, se dictará acuerdo, por parte del órgano competente ( Delegado Provincial, Director de los Servicios Territoriales, Director Provincial, Director de Área….) de inicio de expediente contradictorio de revocación del nombramiento de revocación del nombramiento del director de un centro público,  por incurrir presuntamente en los hechos constatados en el informe del inspector de educación, que supondría un incumplimiento grave de las funciones del director.

Como paso previo a la resolución definitiva de revocación del nombramiento del director de un centro público, el órgano competente, superior jerárquico del director, dará a éste las instrucciones oportunas para convocar al consejo escolar, y oírlo en sesión extraordinaria de conformidad con lo establecido en el art. 138 de la LOE 2/2006, de 3 de mayo. A esta sesión del Consejo Escolar tendrá derecho a asistir el director del centro educativo, pero habrá de abstenerse de participar en la votación al estar incurso en causa de abstención por tener interés personal en el asunto que se trata conforme a lo establecido, en el apartado 2 del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Una copia diligenciada del acta de la sesión de este consejo escolar se hará llegar al órgano competente para resolver.

4.- Una vez instruido el procedimiento contradictorio, de revocación del nombramiento del director de un centro público, por el inspector e inmediatamente antes de redactar su informe con la propuesta de resolución, el director tendrá derecho al trámite de audiencia (artículo 82 de la Ley 39/2015). Esto supone que además de haber podido realizar alegaciones en cualquier momento del procedimiento y haber podido,  actuar asistido de asesor cuando lo considere conveniente en su defensa (artículo 53.e de la Ley 39/2015), el director tendrá derecho a que se ponga en su conocimiento (en el trámite de audiencia) el expediente completo (con las actuaciones y documentación existente), al  acceso a la vista y copia del mismo (artículo 13 de la Ley 39/2015). En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince podrá alegar y presentar los documentos que estime oportunos, así como utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico. De ser rechazada alguna prueba solicitada por el director, por considerarse  manifiestamente improcedente o innecesaria, habrá de motivarse en la propuesta de resolución del inspector de educación.

Una vez ejercido el derecho de defensa y contradicción por el director, concluye la actuación del inspector, con la emisión un informe en el que una vez valorados los hechos conforme a la normativa y las alegaciones, documentos y pruebas practicadas; se propondrá el archivo de actuaciones o, en su caso, la propuesta de revocación del nombramiento del Director.

La propuesta motivada de revocación del nombramiento del director de un centro público será formulada por el inspector  o inspectora que haya elaborado el informe en el que se hagan constar los hechos que valorados conforme a la normativa supongan incumplimientos graves de las funciones del director en base a las competencias que les corresponde ejercer.

5.- El órgano competente dictará la resolución. La resolución contendrá la decisión de revocación del nombramiento del director de un centro público, que será motivada, al ser una potestad discrecional, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 39/2015.

Cabría la posibilidad, atendiendo al artículo 87 de la Ley 39/2015, de que antes de dictar resolución de revocación del nombramiento del director de un centro público, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento (por ejemplo dar un trámite de alegaciones). No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.

Contra la resolución de la revocación del nombramiento del director de un centro público podrá interponerse por el interesado los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley (artículo 112 de la Ley 39/2015).

Juan José Arévalo Jiménez

inspecciondeeducacion.com

Aula de inspección

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