¿Se puede elevar la ratio para garantizar la libre elección de centro educativo?

¿Se puede elevar la ratio para garantizar la libre elección de centro educativo?

Estamos en pleno proceso de admisión de alumnado en centros sostenidos con fondos públicos. Surge la duda, en familias, sobre la posibilidad de que la Administración incremente o mantenga el incremento de ratio, que se hubiere producido en cursos pasados, para garantizar su libertad de opción a un centro educativo. Analizamos esta posibilidad.

Las Administraciones educativas, tal y como establece el artículo 84 de la Ley 2/2006 de 3 de mayo (LOE), modificada por la LOMCE, regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores.

La libertad de elección de centro por padres o tutores tiene limitaciones cuando no existan plazas suficientes. Legalmente se encuentra modulada por el legislador limitando el número de plazas escolares por aula. La LOE fija, en su artículo 157, un número máximo de alumnos por aula que en la enseñanza obligatoria será de 25 para la educación primaria y de 30 para la educación secundaria obligatoria.

En primer término reflexionamos en torno a la legalidad de una limitación de la libertad de elección de centro por parte de los padres, al fijarse una ratio máxima de alumnos por aula. La cuestión ha sido resuelta por el Tribunal Supremo, (entre otras la Sentencia de 9 de octubre de 1995, recurso de casación 2068/1992) al señalar que «el derecho a la educación del artículo 27 de la Constitución no es absoluto, siendo constitucionalmente válido que  los poderes públicos, en su deber de programación de la enseñanza, garanticen la calidad de la misma estableciendo una «ratio» alumno/unidad,. También es constitucionalmente válido que para no sobrepasar esa «ratio» se fijen criterios de admisión en el Centro, sin que en ninguno de los dos casos se pueda considerar vulnerado el derecho a la elección de Centro, que en principio pueden ejercitar los padres, siendo cosa distinta que el mismo pueda ser satisfecho en función de la existencia o no de plazas».

Dicho lo cual, en determinadas circunstancias, ¿podría un juez, a demanda de un particular, elevar la ratio, establecida en la Ley Orgánica (25 en Primaria-30 en Secundaria) para admitir a un alumno en un centro educativo, en base a la libertad de elección de los padres?

Esta cuestión, que es de legalidad, no admite interpretación, una vez que el Tribunal Supremo, ha resuelto con su jurisprudencia. En concreto la Sentencia del Tribunal Supremo de 30/03/2012  eleva a doctrina legal que » No es posible el aumento judicial de la ratio para Educación Primaria (objeto del recurso) en los centros escolares sostenidos con fondos públicos por encima del límite fijado por el art. 157.1 a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con fundamento en el derecho a la libre elección de centro escolar ni en el derecho de los padres a que los hijos reciban la educación moral y religiosa que esté acorde a sus propias convicciones «.

La Administración, sometida al principio de legalidad, tendría prohibida esta opción de elevar la ratio de un curso determinado, más allá del límite establecido, como respuesta a la demanda de garantizar la libertad de elección de centro.

En otro orden, la Ley Orgánica otorga a la Administración una potestad discrecional para elevar la ratio, ante unas circunstancias muy concretas. Así pues, las Administraciones educativas, podrán autorizar un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales (artículo 87.2 de la LOE). Es decir, razones de programación general de la enseñanza pueden motivar en los términos establecidos un aumento de la ratio de hasta un diez por ciento.

Imaginemos un caso. La Administración amplió el pasado curso la ratio de un aula, para atender una demanda de alumnado en los términos fijados en el artículo 87.2 de la LOE; no siendo necesario ese exceso de ratio, en el curso actual, para atender necesidades inmediatas de escolarización. ¿Podría mantener la Administración ese exceso de ratio de la unidad y atender solicitudes, este año, de nuevos alumnos, en esas vacantes sobrevenidas?

Esta cuestión, ha  sido resulta por la Sentencia del Tribunal  Superior  de Justicia de Andalucía  nº 174/2014 de  17 de  febrero, Rec. 187/2012, cuyo  Fundamento de  Derecho  Tercero dispone, ante un caso similar que:  » Se trata de determinar  si una vez  aumentada la ratio más allá de los 25 alumnos por aula fijados legalmente, cabe que la o las vacantes que se produzcan, manteniéndose el número  de alumnos en 26 o más, determine la llamada a aquellos  alumnos que ocupen en cada caso  el primer lugar de los inadmitidos”.

Resuelve el Tribunal en orden a no flexibilizar la «ratio» establecida, en estos casos. Y ello por entender que las vacantes que se produzcan cuando  el número  de alumnos sea superior al de 25, no deben ser cubiertas con nuevos alumnos, en aras de garantizar los principios que presiden la calidad de la enseñanza previstos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.

Apoyándose entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2000, explica estos principios de calidad, recogidos en la previsiones por las que el ordenamiento jurídico respalda la actuación de la Administración Educativa, en el sentido expuesto:

«a) el deber de procurar a todos los escolares una enseñanza de similar calidad y, por ende, de no mantener circunstancias que siendo racionalmente eludibles la disminuyan para algunos de ellos, lo cual habría acontecido sin adoptar la decisión controvertida, ya que entonces todos y cada uno de los alumnos de la unidad del Centro Concertado habrían soportado el déficit  de calidad inherente  a un mayor número  que el que aquella decisión dispuso, sin necesidad, y con agravio comparativo respecto a la situación de los matriculados en las unidades de los Centros públicos;

b) el deber de economía o eficiencia, en los términos que derivan de lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Constitución, que conlleva el de máxima consecución de los objetivos al mínimo coste posible y, por ende, el de la programación, asignación y utilización racional y equitativa  de los recursos públicos disponibles, siempre escasos, y que veda por tanto el que con ellos se sufraguen situaciones racionalmente eludibles;

c) el deber de eficacia a que alude el artículo 103.1 de la Constitución, que compele a la Administración a que su actuación se encamine diligentemente a la obtención de los resultados queridos por el ordenamiento jurídico.

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