PROBLEMAS DE SALUD MENTAL: MENOR QUE SE AUTOLESIONA Y AGREDE A COMPAÑEROS Y PROFESORADO. ¿DONDE SE SITÚA EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR?.

El día a día en las escuelas demuestra que no siempre hay una respuesta definida ante problemáticas singulares, que se sitúan en aparentes vacíos normativos. Además pueden tener un alto coste emocional sobre quienes participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje cuando están en juego derechos e intereses legítimos contrapuestos.

En este sentido es la propia Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, Ley Orgánica de Educación (LOE), la que establece en la etapa educativa de Secundaria, que corresponde a las Administraciones educativas regular soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos que manifiesten dificultades de integración en la actividad ordinaria de los centros.

Analizamos un caso concreto referido a un problema de salud mental de un menor, con muchos interrogantes, y de difícil solución. Con una respuesta, asumida por la Administración educativa que ha sido avalada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esta respuesta, la entiendo de gran interés para familias, equipos docentes y los inspectores de educación, pues además de haber intervenido previamente un Juzgado y un Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Constitucional da una respuesta singular a la concepción doctrinal del derecho a la educación inclusiva de acuerdo con el principio del interés superior del menor.

La directora de un centro público, una vez agotadas todas la medidas de carácter educativo y orientador respecto a un menor matriculado en educación infantil, que muestra problemas de salud mental y un comportamiento agresivo que “llega a límites insostenibles” al lesionar a profesores, a compañeros de clase e incluso a sí mismo adopta una medida preventiva excepcional, tras haber intentado otras menos gravosas.

En concreto, la directora resuelve, avalada por los informes de la inspectora de educación, la suspensión de la asistencia al centro escolar del alumno. Ofreciendo a sus padres, que no han prestado colaboración hasta la fecha, información y apoyo escolar a distancia, hasta que les haga entrega de un diagnóstico médico del menor, para poder atenderle adecuadamente.

La familia considera que su hijo, con esta medida, sufre una grave discriminación que afecta al ejercicio del derecho a la educación inclusiva; habiendo sido “expulsado” del centro educativo sin procedimiento disciplinario alguno, vulnerando su derecho de audiencia y denunciando haber sido sometido a malos tratos físicos y morales, al aplicarle técnicas de contención física. En definitiva, entiende la familia que se han vulnerado los derechos fundamentales de su hijo, solicitando la apertura de un procedimiento disciplinario a la directora del colegio y ser indemnizados por los daños morales y materiales sufridos.

Un Juzgado y un Tribunal Superior de Justicia resuelven desestimando la pretensión de los padres del menor y avalan la actuación del la directora del centro educativo; por lo que la familia interpone un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 81/2021 de 19 de abril, resuelve el recurso presentado, y considera que no se han vulnerado los derechos del alumno y de su familia. En esta sentencia que tiene el valor “de cosa juzgada” y por tanto vincula a los poderes públicos, existen pronunciamientos de gran interés para el profesorado y los inspectores e inspectoras de educación que pueden facilitar, a futuro, la toma decisiones en un entorno de seguridad jurídica una vez agotadas las medidas ordinarias y extraordinarias de inclusión educativa.

La LOE, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, incorpora entre sus principios como novedad el reconocimiento del interés superior del menor, como fundamento del cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia. Además, la Sentencia del Tribunal Constitucional 178/2020, de 14 de diciembre (RTC 2020, 178) , ha recordado que “el interés superior del menor es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores ‘que tomen las autoridades administrativas’.

Desde esta perspectiva analizaremos la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 81/2021 de 19 de abril y señalaremos el procedimientoauladeinspección que marca la normativa aplicable para tratar de dar una respuesta ante situaciones similares que pudieran producirse en los centros educativos; teniendo en cuenta el caso concreto analizado.

En el procedimiento educativo y orientador en los que debe atenderse al alumnado con un trastorno grave de conducta, derivado de un problema de salud mental es determinante cumplir con la exigencia de detección precoz de las barreras para el aprendizaje y la participación de estos menores, para poner en marcha en el ámbito del ejercicio de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros educativos los medios y recursos necesarios, así como un plan de trabajo adaptado a sus necesidades. Porque “la educación debe ser inclusiva, es decir se debe promover la escolarización de los menores en un centro de educación ordinaria, proporcionándoseles los apoyos necesarios para su integración en el sistema educativo si padecen algún tipo de discapacidad» (STC 10/2014, de 27 de enero).

Se requiere un dictamen de escolarización del alumnado, previa evaluación psicopedagógica por los especialistas de orientación educativa, que permita poner en marcha un plan de actuación e intervención en beneficio del menor. En este caso concreto el centro educativo ha realizado, desde el inicio, numerosas actuaciones con el objeto de modificar la conducta del alumno: aplicando diferentes técnicas, estableciendo cambios en el horario del aula, habilitando una sala acolchada para evitar autolesiones, con una aplicación flexible de la jornada escolar y con una atención personalizada y coordinada de varios maestros en su proceso educativo y como medida de prevención para evitar que el menor se autolesiones y pueda agredir al resto de compañeros y al profesorado.

Desde el centro educativo se han registrado con detalle todos los episodios que se producían cada semana, así como las consecuencias que tenían para el menor, compañeros de clase y profesorado del equipo docente, las técnicas para reconducirlos y los resultados obtenidos.

El protocolo de intervención que diseñó el centro para tratar de dar solución al problema no obtuvo ningún resultadoauladeinspeccion satisfactorio. Convirtiéndose en una situación que “superaba el ámbito escolar”, ya que el alumno ha “continuado agrediendo a compañeros de clase, a la tutora del aula y al profesor de audición y lenguaje, provocándole lesiones a ambos recogidas en partes médicos». Todo ello a pesar de haber «volcado todos sus recursos», como señala el informe de la inspectora de educación (asumido integramente por el Juzgado y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia), una vez supervisada la organización y el funcionamiento del centro educativo.

Ante la imposibilidad de llevar a cabo otras medidas en el centro escolar, se requirió repetidamente a los padres que aportaran un diagnóstico de psiquiatría infantil, o servicio de neuropediatría, para así clarificar si había algún tipo de trastorno que explicara la conducta del menor, tanto por el bien del niño como por la normalización de su escolarización. Sin embargo, la familia no aportó ningún diagnóstico médico al centro.

El Tribunal Constitucional recuerda el deber de colaboración, de la familia, con el centro educativo, al exigir la Ley «el esfuerzo compartido por padres y autoridad educativa para fortalecer la formación educativa de los alumnos, así como el carácter de “primeros responsables de la educación de sus hijos», siendo éstos principios informadores establecidos por el legislador para «involucrar a los padres, en la consolidación de su compromiso con el desarrollo formativo de su hijo».

En este punto conviene subrayar dos cuestiones determinantes en la línea de acción seguida por la directora de este centro educativo

En primer lugar, el reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional de que el interés superior del menor, para el desarrollo de su personalidad alcanza a «la integridad psíquica y física del menor y del resto de escolares y equipo pedagógico del centro escolar»; de otro lado, «el progreso en la formación educativa del menor». Siendo especialmente novedosa la referencia a preservar la integridad física y psiquica del resto de escolares y del profesorado, como parte del interés superior de un alumno concreto afectado por un trastorno de salud mental. Referencia que encaja perfectamente en los principios y fines del sistema educativo.

Por otro lado resulta, atendiendo a la Sentencia, «imprescindible averiguar por qué se producían aquellos trastornos violentos del comportamiento del menor, para poder elaborar más tarde un tratamiento terapéutico y un protocolo psicopedagógico adecuado que permitiera reconducir la situación y reintegrar al alumno a la normalidad del funcionamiento del centro escolar».

En estas circunstancias el Tribunal Constitucional (TC) considera que la medida de la Directora es proporcional, tiene en cuenta el «interés superior del menor», está motivada y pondera suficientemente las razones en las que basa la adopción de esta medida excepcional que queda condicionada «al tiempo imprescindible para obtener un diagnóstico clínico que identificara la etiología de aquellos trastornos de conducta y ofreciera un tratamiento clínico adecuado para la solución de aquel comportamiento». A su vez, el TC entiende que esta medida es respetuosa con el contenido del derecho fundamental a la educación.

En cuanto a la discriminación del menor alegada por la familia, el Tribunal Constitucional señala que no existe, pues no se aporta como término de comparación el caso de que ningún otro niño, en una situación similar al del afectado, fuera tratado de forma distinta. A su vez subraya que todas la medidas «se orientaban a intentar resolver la situación y no a discriminar al menor frente al resto». Tampoco valora como infracción del ordenamiento jurídico «la contención física del menor» que «tenía por finalidad precisamente evitar que el niño se hiciera daño a sí mismo o a su entorno».

Finalmente, no considera el Tribunal Constitucional que se haya impuesto al menor «una sanción sin audiencia y sin expediente disciplinario alguno, produciendo indefensión». pues niega que la suspensión de asistencia a clase tuviera carácter disciplinario, sino que era una «decisión ad hoc guiada por el interés superior del menor».

El hecho de que el alumno esté matriculado en una etapa voluntaria, no obligatoria, no cercena la aplicación del fallo judicial del Tribunal Constitucional, al resto de etapas educativas. Pues el Alto Tribunal señala expresamente que nuestra jurisprudencia no limita la dimensión prestacional del derecho fundamental a la educación a la educación básica obligatoria sino que «alcanza también a las etapas no obligatorias» y en concreto a la educación infantil que se considera gratuita (en el segundo ciclo) atendiendo al artículo 15.2 de la LOE.

Terminamos destacando la complejidad del caso, sin normativa expresa que regule esta situación concreta y que, no obstante, ha sido objeto de interpretación jurídica favorable a la decisión adoptada por la directora de un Colegio Público, avalada por informes de la Inspección, a la vista de una «necesidad apremiante, surgida de una problemática conductual de un alumno que era reiterada en el tiempo y que cada vez, con mayor frecuencia y duración, se iba reproduciendo con episodios violentos contra sí mismo y también contra los compañeros de clase y profesores que le atendían».

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Juan José Arévalo Jiménez

auladeinspeccion@gmail.com

Preparador de las oposiciones de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

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