LA AUTONOMÍA DE CENTROS Y LA EFICACIA DE LAS ESCUELAS

Corresponde a los poderes públicos inspeccionar el sistema educativo para velar por el cumplimiento de las leyes en los centros y es la propia Ley Orgánica de Educación (artículo 151) la que limita la labor de la inspección educativa al marco de su autonomía en el ámbito pedagógico, organizativo y gestión.

Es necesario entender el funcionamiento de la administración pública para que la supervisión de la organización y funcionamiento de los centros educativos cumpla con un doble objetivo: velar por el cumplimiento de la legalidad y contribuir a la mejora del sistema escolar. De su entendimiento dependerá el modelo de supervisión (fiscalizadora, constructiva o creativa, en palabras de Teixidó) que ejerza la inspección educativa y su contribución a la consecución de los principios y fines del sistema educativo.

Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Esta referencia de la Constitución Española (artículo 103) nos debe ayudar a comprender el reconocimiento legal de la autonomía de los centros educativos, en el marco del funcionamiento del sistema educativo.

El reconocimiento legal de la autonomía de los centros educativos, da respuesta a los principios de eficacia, descentralización yauladeinspeccion desconcentración, que presiden la actuación de la Administración.

Hablamos de la potestad de autoorganización de los centros educativos en el ámbito organizativo, pedagógico y de gestión (artículo 120 de la Ley Orgánica de Educación-LOE-, Ley 2/2006 de tres de mayo) que se incluye entre las llamadas «potestades-función» y se caracteriza por la sujeción de su ejercicio a un determinado interés público definido por la norma habilitante. Este interés público viene recogido en la propia LOE (art. 108.5), al señalar expresamente que los centros educativos orientarán su actividad hacia el cumplimiento de los principios y fines del sistema educativo.

En nuestro sistema educativo descentralizado le corresponde a los centros establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que le confiere a Ley (artículo 1.i de la LOE) para cumplir, de esta manera, con el principio de eficacia. Una escuela eficaz que apuesta por la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad.

Y es en ese punto donde puede producirse una fricción entre el ejercicio de las funciones de la supervisión y la potestad de autoorganización de los centros educativos que reside en sus órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente, a los que la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (Ley Orgánica 8/1985) les confiere el mandato de optimizar el rendimiento educativo del gasto y velar por la calidad de la educación, lo que se asegura a través de la participación.

Estamos de acuerdo en que sólo es legítimo el ejercicio de la autonomía de los centros educativos, conferida por la Ley Orgánica, cuando tal ejercicio está sujeto a la finalidad preestablecida por aquélla, que no es otra que garantizar la eficacia de la actividad administrativa (art. 3 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). La concesión de la autonomía supone la asunción de una responsabilidad institucional por parte de las direcciones de los centros educativos que deben alejarse de un uso arbitrario de las facultades conferidas legalmente.

A ello añadiríamos que la inspección de educación al ejercer su función de supervisar, evaluar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos busca la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza. Busca, en definitiva, impulsar la eficacia de la escuela y la eficiencia en la gestión de los recursos disponibles, a través de la evaluación externa de los procesos y de los resultados.

Este principio común de actuación, en la acción educativa, entendida como aquella que garantiza una educación inclusiva y de calidad a la ciudadanía, es un nexo de unión entre la acción política y las diferentes unidades administrativas que forman parte del sistema educativo.

La autonomía de los centros es una potestad plural que plantea soluciones contextualizadas a los problemas que deben afrontarse para auladeinspeccioncumplir con los principios y fines del sistema educativo (mejorar la función docente, solventar los problemas de convivencia, garantizar la igualdad de oportunidades, adquisición de hábitos y conocimiento del alumnado, etc..), dando respuesta junto al derecho a la educación a la libertad de enseñanza, que supone la capacidad de elaborar un proyecto educativo propio y dictar sus propias normas de organización, funcionamiento y convivencia.

La autonomía de centros es una potestad administrativa discrecional con una estimación subjetiva y de oportunidad que recae sobre la dirección de los centros, que ha de cumplir con su papel de gestor institucional y ejercer un liderazgo compartido que define metas comunes, asumidas por el resto de los miembros de la comunidad educativa. El juicio de oportunidad de los equipos directivos, tiene sentido desde la perspectiva de que es el propio ordenamiento jurídico el que le da sentido. «No hay discrecionalidad al margen de la Ley, sino justamente solo en virtud de la Ley y en la medida en que la Ley haya dispuesto» señalan los profesores García de Enterría y T.R. Fernández.

En palabras del profesor Tomás Ramón Fernández, la disyuntiva «legalidad y oportunidad» es un falso dilema: la Ley puede y debe conceder a la Administración —en los límites en que la Constitución en cada caso lo permita— tanta libertad como necesite para cumplir eficazmente sus complejas tareas, pero esa libertad, cualesquiera que sean los términos que la Ley convenga darla en cada caso, vendrá siempre condicionada, en una u otra medida, por el Derecho al que la Constitución somete plenamente la actuación administrativa (art. 103.1 CE)

En el caso de la autonomía de centros, la amplia discrecionalidad habilitada legalmente viene enconsertada, en la práctica, por un doble fundamento. Un exceso de decisiones políticas que le vienen impuestas, con una fuerte carga burocrática, y una confusión, en ocasiones, en el marco de la desconcentración de funciones que ejercen los diferentes órganos de la administración educativa. En este sentido debemos diferenciar, con claridad, las competencias de las direcciones de los centros educativos (recogidas en el artículo 132 de la LOE) de las funciones de la inspección educativa (artículo 151 de la LOE).

Actualmente el clima de confrontación política y social entre los poderes públicos no propicia acuerdo alguno de mejora en materia educativa y en este contexto la autonomía de los centros debe ser un valor emergente del sistema educativo. Debe potenciarse su ejercicio, respaldado por criterios de naturaleza técnica propios de la teoría de la organización y favorecidos por la inspección de educación; con el impulso del liderazgo de los equipos directivos en búsqueda de la eficacia que sirve con objetividad a los intereses generales.

Esa autonomía exige una adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, para su mejor funcionamiento y para adaptarlos a las nuevas necesidades, si bien como toda potestad administrativa de marcado carácter discrecional, su ejercicio ha de estar sometido al ordenamiento jurídico y ser debidamente motivado en los documentos programáticos de los centros educativos. Es aquí donde entra en juego la inspección de educación que desde la objetividad de la evaluación externa de las decisiones adoptadas, así como de los procesos y resultados obtenidos por el centro educativo, detecta las necesidades, supervisa su organización y funcionamiento  y vela por el cumplimiento de la normativa, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una educación de alta calidad e inclusiva, en el marco de la libertad de enseñanza.

Porque, al final, lo importante es servir a los intereses generales de la ciudadanía.

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Juan José Arévalo Jiménez

auladeinspeccion@gmail.com

Preparador de las oposiciones de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

 

 

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