EL TRIBUNAL SUPREMO HA HABLADO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS.

EL TRIBUNAL SUPREMO HA HABLADO SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS.

La definición y la organización del currículo constituyen uno de los elementos centrales del sistema educativo. El currículo es el proyecto que preside las actividades escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los profesores que tienen una responsabilidad directa de su ejecución (Coll, 1987).

En nuestro país, las diferentes leyes educación han dado distintas respuestas, con el currículo de las enseñanzas, a las necesidades de la sociedad del momento. En la ley General de educación de 1970 lo que entendemos como currículo incorporaba los objetivos y los contenidos. La ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 y posteriormente la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación del año 2002 añadía los criterios de evaluación, a los objetivos y a los contenidos. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incorporó como novedad en el currículo las competencias básicas que permitía identificar los aprendizaje imprescindibles. La Ley para la Mejora de la Calidad Educativa de 2013 (LOMCE) junto a las competencias clave, incorporó los estándares de aprendizaje evaluables y, por último la recientemente publicada Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, retoma el concepto de competencias, hace desaparecer los estándares de aprendizaje evaluables y prevé una importante renovación del currículo.

¿Cómo se incorporan las competencias al proceso de enseñanza-aprendizaje junto a los contenidos de las diferentes enseñanzas, cómo se evalúan y cómo se califican? Son cuestiones que han generado dudas, debate y reflexión, desde el momento en el que se produjo su incorporación al currículo, entre parte del profesorado.

El Tribunal Supremo en una reciente sentencia, clarifica desde el punto de vista legal, cómo se evalúan y califica el grado de adquisición de las competencias.

Si bien el marco teórico deja claro que los criterios de evaluación (y los estándares de aprendizaje evaluables con la LOMCE) serán el referente de la evaluación de los objetivos y las competencias de las diferentes etapas, tal y como señalan los diferentes Reales Decretos de currículo básico y la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, resulta complejo llevar a cabo este proceso en la práctica profesional docente.

Los criterios de evaluación no son directa ni unívocamente evaluables, por lo que los centros educativos al desarrollar y completar el currículo, habrán de determinar los procedimientos e instrumentos de evaluación que permitan comprobar el nivel de logro alcanzado en las diferentes asignaturas y competencias.

¿Y cómo se califican las competencias? Aquí surge el clásico debate en cuanto a la diferencia entre evaluar y calificar, en el que recientemente ha intervenido el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso nº4 , con una sentencia de 3-03-2021, que resuelve anular los artículos 21.6 y 32.2 de la Orden de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 144, de 28 de julio de 2016) por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, ante un recurso presentado por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía que fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma.

La Comunidad Autónoma de Andalucía argumenta ante el Tribunal Supremo que “si bien la legislación estatal incorpora al sistema educativo español el aprendizaje competencial con la consecución de objetivos” (…) “la normativa estatal sólo menciona el aprendizaje competencial pero no regula ni da forma a la concreción de la manifestación del nivel de competencias adquiridas por el alumnado, lo que hace que entre en juego la autonomía de las Comunidades Autónomas”.

Para esta Comunidad Autónoma, dado que la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en lo que se refiere a los documentos oficiales de evaluación, y en concreto a las actas de evaluación, no hace referencia alguna al grado de adquisición o calificación de las competencias adquiridas por el alumnado, dicta la Orden de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que recoge en los preceptos objeto de controversia lo siguiente:

«21.6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción curricular detallada en las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).». Por su parte el artículo 32.2 literalmente dice: «2. Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que compone cada grupo Junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso, expresados en los términos establecidos en el artículo 21, y las decisiones adoptadas sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa. Asimismo, en las actas de evaluación correspondientes al término del periodo lectivo ordinario se incluirá la información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno o alumna.».

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía recurre dicha inclusión en el acta de evaluación del nivel competencial, al entender que la misma ignora que la calificación numérica legalmente establecida en el Real Decreto 1105/2014 (Insuficiente: 1,2,3,4; Suficiente:5; Bien: 6; Notable 7 u 8; Sobresaliente 9 o 10) es, entre otras, la expresión del grado de consecución de las competencias básicas. Por lo tanto, para esta Asociación, siendo una competencia del Estado el establecimiento del nivel competencial del alumnado, al introducir Andalucía un sistema de calificación competencial propio para la Comunidad Autónoma en los valores antes señalados, la consecuencia debe ser la declaración de nulidad de los preceptos impugnados.

El Tribunal Supremo señala en su fallo judicial que “la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la determinación de si resulta conforme a la legislación estatal que las Comunidades Autónomas regulen el grado de adquisición de las competencias de los alumnos dentro del contenido propio de las actas de evaluación”. Una vez que contesta a esa cuestión acaba dictando jurisprudencia sobre el sistema de evaluación y calificación de las competencias.

El Tribunal Supremo resuelve que “el establecimiento de los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, y su expresión mediante la fijación de escalas de indicadores en las actas de evaluación, actualmente recogidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, son materias que corresponden a la competencia del Estado en materia de educación, en tanto que constituyen un elemento integrante del currículo” anulando la decisión de la Junta de Andalucía, de regular esta cuestión más allá del criterio fijado por la normativa estatal.

Normativa estatal que para el Tribunal Supremo resuelve el tema de la evaluación y el establecimiento de indicadores de logro de las competencias, al señalar “Sí existe un sistema de indicadores en la legislación estatal que expresa, de forma conjunta, tanto el grado de adquisición de las competencias como el logro de los objetivos de la etapa. En todo caso, la mención a escalas de evaluación específicas para la adquisición de competencias, a que hace referencia la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (art. 7.4), no impide que la evaluación de la adquisición de competencias esté incorporada a la evaluación de los contenidos, ya que tal y como precisa el art. 7.3 de la citada Orden ECD/65/2015: «La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador».

El Tribunal Supremo precisa que “la introducción de una escala de indicadores de evaluación específicos del grado de adquisición de competencias, es una materia sometida a la competencia estatal, en tanto que constituye un elemento integrante del currículo, por lo que no cabe calificar estas previsiones de «política propia» de la Comunidad Autónoma”.

En definitiva,

, y a tal efecto establece que: «[…] 2. Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Secundaria Obligatoria mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.

En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.

Contamos por tanto con una referencia más, del Tribunal Supremo, para entender desde el punto de vista legal, cómo se evalúa el aprendizaje competencial.

Juan José Arévalo Jiménez

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