El papel de la Inspección ante el debate sobre la coeducación y la educación diferenciada.

El papel de la Inspección ante el debate sobre la coeducación y la educación diferenciada.

¿Sabias que hasta el 2006, con la LOE, no se introdujo dentro de las prohibiciones en materia de admisión, la discriminación por sexo? A partir de esa Ley la educación diferenciada por sexos se ha movido en dos terrenos distintos; con la LOE se reconocía una atención preferente a los centros que desarrollan el principio de coeducación en todas las etapas educativa, sin embargo la LOMCE estableció que la educación diferenciada por sexos no podía suponer una desventaja  a la hora de suscribir conciertos educativos. El Tribunal Constitucional avaló la legalidad de esta ultima regulación. Ahora la LOMLOE los excluye de la financiación pública, al exigir  que los centros sostenidos parcial o totalmente, con fondos públicos “no separarán al alumnado por su género”.

Analizamos la exclusión, en la LOMLOE, de financiación pública para los centros privados con un modelo de educación diferenciada por sexos. Teniendo en cuenta que la LOMCE estableció que “en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas” y que la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2018 avaló que atendiendo al principio de igualdad (artículo 14 de la CE) no podría discriminarse a este tipo de centros para acceder al concierto educativo, ¿Qué efectos tendrá esta Sentencia, una vez aprobada la LOMLOE, sobre la denegación del concierto educativo a los centros privados con un modelo de educación diferenciada por sexos?

El Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 31/2018, que vino a reconocer la legalidad del modelo educativo de educación diferenciada por sexos, al que definió como un “sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico, fundado en la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos”. Además resolvió que este tipo de centros educativos pueden ser sostenidos con fondos públicos “en el respeto al principio de igualdad» (STC 86/1985, FJ 3), “sin que quepa justificar un diferente tratamiento entre ambos modelos pedagógicos (educación mixta) , en orden a su percepción”.

A modo de resumen el Alto Tribunal no considera que el modelo pedagógico de educación diferenciada por sexos sea discriminatorio “per se” (lo considera incluido dentro de la libertad de enseñanza recogida en el artículo 27 de la Constitución española). Señaló, literalmente, que “la educación diferenciada por razón de sexo se presenta por sus promotores como un determinado tipo o modelo pedagógico, sobre el que este Tribunal —obvio es decirlo— no puede ofrecer criterio valorativo alguno”. Y este punto, en mi opinión, será determinante a futuro: la supervisión y valoración del proyecto educativo de este tipo de centros, que soliciten acceder al concierto educativo, como posible causa de motivación de la denegación de las solicitudes de los aspirantes a financiación pública.

Y señalo la importancia de este elemento ante la más que previsible impugnación ante el Tribunal Constitucional, de la LOMLOE, por parte de quienes apoyan el texto original de la LOMCE, en cuanto a la prohibición de financiación pública a los centros de educación diferenciada por sexos. Dado que una posibilidad, ante ese recurso sería que el Tribunal Constitucional se ratificara en su decisión de 2018, considerando “cosa juzgada” (artículo 168 de la Constitución Española) la opción de acceso a fondos públicos por parte de los centros con un modelo de educación diferenciada.

La disposición adicional vigésima quinta, de la LOMLOE, establece que “con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género”.

Si quieres leer más sobre coeducación y educación diferenciada por sexos, puedes pinchar AQUÍ, en el blog juanjoarevalo.es

Reconocida por el Tribunal Constitucional (2018) la posibilidad de acceder al concierto educativo por parte de este tipo de centros, también dictaminó que “Ello no quiere decir, obviamente, que cualquier centro privado haya de ser financiado públicamente en los niveles obligatorios. Como expusimos en la STC 86/1985, de 10 de julio «el derecho a la educación —a la educación gratuita en la enseñanza básica— no comprende el derecho a la gratuidad en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales». “De este modo, una vez justificada la inexistencia de recursos públicos para financiar en cada caso el centro privado de que se trate, los poderes públicos podrán aplicar los criterios establecidos en la norma legal dictada en desarrollo del artículo 27.9 CE, para priorizar el alcance de esa financiación”.

En este sentido hay una reflexión determinante a tener en cuenta en la financiación pública de los centros privados. Siendo limitados los recursos presupuestarios, sometidos al principio de eficacia y eficiencia, en la programación general de la enseñanza (en manos de las Comunidades Autónomas):

La primera respuesta la ofrece la propia Constitución Española, que en su artículo 27.9 señala que “los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnen los requisitos que la Ley establezca”. Es decir existe un derecho a solicitar el concierto educativo por parte de los centros privados; pero el mismo está vinculado a su “configuración legal”, porque el artículo 27 de la Constitución, no lo precisa. En este sentido la LOMCE incorporó expresamente a los centros con educación diferenciada por sexos y la LOMLOE los excluye al exigir legalmente que los centros sostenidos parcial o totalmente, con fondos públicos “no separarán al alumnado por su género”.

Considerar que ha sido modificada la configuración legal para acceder a las ayudas del Estado, podría ser otra de las posibilidades de un futuro pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pero si pensamos en la primera opción planteada, en este artículo: que pudiera considerar el valor de cosa juzgada y entender inconstitucional la discriminación (prohibida en el artículo 14 C.E) de denegar, a priori, el concierto educativo por el hecho de prestar un modelo de educación diferenciada, habrían de entrar en juego otros requisitos legales que configuran en la LOMLOE el acceso a la financiación pública. Y aquí, habría de ser relevante el papel de la inspección de educación.

La LOMLOE, en su artículo 116.2, señala que “Entre los centros que cumplan los requisitos (…), tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos (…), los que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo”. En la propia disposición adicional vigésima quinta, referida al fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la LOMLOE exige que los centros educativos deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas” e “incorporarán medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los respectivos planes de acción tutorial y de convivencia”.

Estas exigencias legales conectan con otras fundamentaciones jurídicas de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 2018. De la lectura de esta Sentencia, se puede concluir que la garantía de la promoción y desarrollo de los valores, objetivos y principios de la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres, en los centros privados que propugnen un modelo de educación diferenciada por sexos, estaría en:

1.- El ejercicio de la función general de inspección educativa que corresponde a los poderes públicos y que habría de supervisar el proyecto educativo de cada centro que imparte la educación diferenciada por sexos, para analizar su conformidad con la configuración legal exigible para su autorización administrativa y posterior acceso al concierto educativo.

2.-La imposición a los centros privados, que soliciten el acceso a financiación pública, de la obligación de «exponer en su proyecto educativo las razones educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que desarrollan para favorecer la igualdad».

En cuanto al acceso a la financiación pública, la Inspección habría de supervisar su Proyecto educativo y su concreción en las programaciones didácticas, así como el resto de documentos programáticos (entre ellos el plan de acción tutorial y las normas de convivencia organización y funcionamiento); además debiera supervisarse el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje; para poder concluir si cumple o no con la exigencia de de establecer “medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas”; así como la realización de “ experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo”. Todo ello en un contexto reglado de escuela inclusiva y aprendizaje competencial.

Termino destacando el papel de la Inspección en materia de suscripción, modificación y renovación de conciertos educativos; porque al ser actos discrecionales deben estar suficientemente motivados por la Administración educativa (artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y suele ser la falta de motivación, atendiendo a la jurisprudencia (entre otras la Sentencia del Tribunal Supremo 2768/2017, que resuelve el recurso de casación nº 3915/2045 promovido por la Junta de Andalucía) la causa de anulación de resoluciones sobre denegación del concierto educativo. Además, en esta cuestión la LOMLOE (2020) añade a la función de “velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres” (artículo 151 de la LOE) el principio de actuación, de la inspección de educación, de evitar “cualquier conducta que pueda generar discriminación por razón de género” (artículo 153 bis).

Eso sí, sin olvidar que la Inspección informa y propone; si es requerida para ello. La autoridad política resuelve.

Juan José Arévalo Jiménez,

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