MADRES Y PADRES TIENEN DERECHO A ACCEDER A LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN Y A LAS ADAPTACIONES CURRICULARES.

Tal y como señala el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre; la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

Una participación que en el caso de la administración educativa es imprescindible para que padres y madres puedan ejercer su papel como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas. Porque el derecho fundamental a la educación, desarrollado en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, es un derecho/obligación en las etapas de educación primaria y secundaria;  y a las familias se les reconoce la facultad de participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus pupilos, así como el deber de  proporcionarles, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el progreso escolar.

Por este motivo, entre otros, el funcionamiento del Sistema Educativo Español que se presta por los centros públicos y privados (ya sean concertados o no) se rige, por el principio de transparencia (artículo 2.bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). Un principio que alcanza a la actuación de la inspección educativa en cuanto a los fines de sus actuaciones, los instrumentos y las técnicas utilizados (artículo 153.bis de la LOE).

¿Qué es la información pública? En la parte que nos interesa, son los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de los centros educativos, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones (artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). Es decir, pruebas de evaluación, exámenes, planes de trabajo de un alumno concreto, adaptaciones curriculares, etc.

¿Qué derechos tiene el alumnado y sus progenitores respecto a la información pública? Tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española y desarrollados por la Ley 19/2013.

Hace tiempo escribí un capítulo en el libro La inspección y Supervisión de los Centros Educativos (UNED) y posteriormente un artículo en el Blog (juanjoarevalo.es) en los que compartía una serie de reflexiones en torno al acceso, de los padres y madres, a las pruebas y exámenes de evaluación de sus hijos.  Aunque requiere de una actualización, puedes leer el artículo AQUÍ

Desde su publicación he venido recibiendo, por distintas vías, solicitudes de petición de información de familias de diferentes comunidades autónomas, sobre el derecho de acceso a las pruebas, exámenes, planes de trabajo o adaptaciones curriculares de sus hijos e hijas menores de edad. Sus preguntas y anhelos buscan respuestas ante el silencio o la denegación del acceso a dicha documentación que consideran imprescindible para poder atender a sus hijos con necesidades específicas de apoyo educativo. Un silencio preocupante, como señala el periódico El País en un artículo de opinión que encabeza afirmando que los poderes públicos siguen sin dar las explicaciones que exigen los ciudadanos a pesar de la Ley de Transparencia (puedes leerlo AQUÍ)

Trataré de contestar en este artículo a algunas de las preguntas e inquietudes planteadas, teniendo en cuenta la normativa y jurisprudencia aplicable, así como los criterios del Defensor del Pueblo y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Posteriormente haré otro artículo referido al procedimiento de petición y reclamación, así como las consecuencias de no atender o denegar el ejercicio del derecho de acceso a datos personales, a la información pública o al propio expediente, al alumnado o sus progenitores.inspecciondeeducacion.com

Considera el Defensor del Pueblo y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de distintas comunidades autónomas que el derecho del alumno o sus representantes legales a solicitar en cualquier momento una copia de los exámenes se enmarca en el derecho de los padres a estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos, y a participar en su proceso de enseñanza y aprendizaje, así como en el derecho de los alumnos a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, todos ellos derechos reconocidos en los artículos 4.1.d) y e), y 6.3.c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). Una ley que desarrolla el derecho fundamental a la educación (recogido en el artículo 27 de la Constitución Española).

En primer término es preciso significar que todos los centros educativos deben acomodar su actuación y decisiones a lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; de plena aplicación en el ámbito académico, por ser una normativa básica del Estado en el ejercicio de la competencia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

La regla general es el derecho de padres y madres al acceso a los exámenes, pruebas de evaluación, planes de trabajo o adaptaciones curriculares de sus hijos e hijas, pues no resultan de aplicación las limitaciones de los artículos 14 y 15 de la Ley 19/2013, al ostentar la condición de interesados en el procedimiento. En este sentido, en ningún caso, se puede alegar la protección de datos personales a quien tiene la condición de titular de los mismos (el alumnado) o a sus representantes legales (los progenitores), para denegar el acceso a esta documentación.

En cuanto a la ausencia de normativa autonómica, el Defensor del Pueblo entiende que no existe precepto alguno en las leyes educativas que permita deducir que la ausencia de previsión normativa expresa deba ser interpretada atribuyendo a la misma una intención restrictiva del contenido del derecho de acceso a la información administrativa generada en el ámbito académico; ni tampoco que la normativa sobre ordenación académica exija un desarrollo posterior por los centros educativos para la regulación del ejercicio del citado derecho en el referido ámbito, sin perjuicio de que resulte oportuno protocolizar las condiciones de su ejercicio para conjugar debidamente los derechos de acceso a una copia de los exámenes, pruebas de evaluación, planes de trabajo o adaptación curricular con el correcto funcionamiento de los centros educativos. Es decir la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se aplica en todas las comunidades autónomas.

El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable.

Por último, debe recordarse que, cuando se trata de centros educativos, estos derechos, además, han de ser interpretados en términos acordes con el derecho de acceso y obtención de copia de documentos, que contempla el artículo 53.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).

En este punto, asimismo, se ha de tener presente que las pruebas de evaluación escritas realizadas durante el curso escolar forman parte del expediente académico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.4 de la LPAC, en tanto en cuanto se configuran como los instrumentos fundamentales utilizados por el profesorado para calificar a los alumnos en el proceso de evaluación continua.

En las ocasiones en las que se han planteado estas cuestiones ante instancias judiciales, los tribunales entienden que la ley reguladora del procedimiento administrativo resulta de aplicación supletoria en aquellos aspectos no regulados por las normas procedimentales específicas; y, en concreto, han considerado que resulta de plena aplicación en el ámbito académico, ya que, a su entender, el derecho a disponer de fotocopia del examen realizado se constituye en un elemento de valoración básico para que el interesado pueda concluir sobre la razonabilidad de formular las alegaciones que a su derecho convengan. Y para que, en el ámbito académico, madres y padres puedan ejercer sus derechos y obligaciones en la educación de sus hijas e hijos.

En base a este planteamiento,  el Defensor del Pueblo (Resolución de queja número: 21011851) señala, expresamente, que el centro docente, además de informar al progenitor sobre las pruebas de evaluación realizadas, debe hacerle entrega de una fotocopia de los exámenes solicitados, en cuanto que los mismos lo fueron de forma individualizada y eran pruebas relevantes de la evaluación ordinaria. No hacerlo así implica limitar un derecho legalmente reconocido, tanto por la legislación educativa como por las normas de transparencia y de procedimiento administrativo.

En definitiva, independientemente de la titularidad ‑pública o privada‑ del centro, los padres o tutores legales, como partes interesadas y primeros responsables de la educación de sus hijos, en el ejercicio de los derechos de información y participación, se encuentran legitimados para obtener una copia de los exámenes y demás pruebas de evaluación de los alumnos, así como planes de trabajo, adaptaciones curriculares, etc, cuya materialidad y efectividad debe ser garantizada por la Administración educativa en cualquier momento del curso académico, y muy especialmente cuando son solicitadas en el marco de un procedimiento de revisión de calificaciones finales, puesto que esta información puede ser determinante para poder colaborar en su formación y explicar las calificaciones obtenidas en el proceso de evaluación continua.

En cuanto al derecho, no hay mucho más que debatir al respecto.

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Juan José Arévalo Jiménez

auladeinspeccion@gmail.com

Preparador de las oposiciones de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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