Evaluación de la función directiva y licencia de maternidad.

Evaluación de la función directiva y licencia de maternidad.

Los inspectores e inspectoras de educación están sometidos en sus actuaciones e informes a la Ley y al derecho y en ocasiones, como la que analizamos, la legislación deja sin resolver situaciones concretas o al resolverlas entra en contradicciones flagrantes, y en ese momento el inspector de educación, aplicador de la normativa, debe motivar su propuesta que siendo de carácter discrecional, no puede sobrepasar el límite de su competencia: informar a la autoridad competente.

Analizamos la actuación de la Inspección y el sentido de su informe en la evaluación anual del ejercicio de la dirección; por una funcionaria que ha estado de licencia por maternidad, un curso académico o una parte importante del mismo, y el efecto que este informe tendría en la consolidación del complemento retributivo. La reflexión viene referida a los supuestos en los que existe una laguna legal, al no haberse regulado esta situación jurídica individualizada de la funcionaria, especialmente protegida contra cualquier discriminación directa por razón de sexo relacionada con el embarazo o la maternidad.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que los directores serán evaluados al final de su mandato. Los que obtuvieren evaluación positiva, obtendrán un reconocimiento personal y profesional en los términos que establezcan las Administraciones educativas (artículo 139.3) Los directores de los centros públicos que hayan ejercido su cargo con valoración positiva durante el periodo de tiempo que cada Administración educativa determine, mantendrán, mientras permanezcan en situación de activo, la percepción de una parte del complemento retributivo correspondiente en la proporción, condiciones y requisitos que determinen las Administraciones educativas (artículo 139.4).

Como pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 enero 2011 (casación 29/2008) «La finalidad de ese artículo 139 de la Ley Orgánica 2/2006 es incentivar en esos Cuerpos docentes estatales el ejercicio de la responsabilidad inherente al cargo de Director, mediante el otorgamiento de esos derechos o ventajas que este precepto legal hace derivar del puro hecho del ejercicio de dicho cargo cualquiera que haya sido el lugar de su desempeño «. No obstante, a pesar de que la LOE deja en manos de las Administraciones educativas los términos de este modelo de evaluación del desempeño, la propia sentencia del Tribunal Supremo abona la conclusión de que » la percepción del complemento retributivo se dispone sin excepción para todos los directores con independencia del territorio donde hayan desempeñado en cargo y, consiguientemente, limita las posibilidades diferenciadoras que pueden establecer las Comunidades Autónomas a otros aspectos distintos de ese del ejercicio del cargo de director que el precepto señala con claridad como elemento necesariamente desencadenante del concepto retributivo»-

Por tanto el ejercicio del cargo de director/a y la evaluación positiva del mismo son dos condiciones indispensables para la percepción de una parte del complemento retributivo singular, en situación de servicio activo, al director o directora q quienes se le hubiera reconocido.

Dentro de la función de la inspección educativa, recogida en el artículo 151 c), de la LOE, participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran; suele corresponder a este órgano de la Administración la evaluación de la función directiva (ámbito recogido en el artículo 141 de la LOE). La evaluación de la función pública docente es un proceso encaminado a conocer y valorar el trabajo desarrollado por los docentes en el puesto de trabajo que ocupan en centros educativos.

Es la evaluación de la función directiva por parte la inspección educativa de los pocos actos administrativos, reclamables y recurribles que dictan estos funcionarios públicos (a título de ejemplo se cita el apartado décimo de la Resolución de 05/12/2018, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se hacen públicos los ámbitos, dimensiones e indicadores y se establece el procedimiento para la evaluación de los docentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.), por lo que es una actuación de especial responsabilidad al generar actos favorables o desfavorables para quienes han sido nombrados directores o directoras.

Atendiendo a la normativa de cada Comunidad Autónoma la calificación que surge del procedimiento administrativo de la evaluación del ejercicio de cargo directivo será en términos de apto, no apto, positiva, negativa, etc. ¿Qué sentido tendría  (apto, no apto…) el informe del inspector si ha de evaluar el mandato de una directora que no ha ejercido temporalmente el cargo por estar en situación de licencia por maternidad o situación asimilable?. No habiendo ejercido el cargo por esta circunstancia ¿debe el inspector o la inspectora evaluar o, ante la falta de previsión normativa, informar al órgano con competencia legislativa con el objeto de completar una laguna legal que afectaría al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres?.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece en su artículo 8 que «constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad».

En primer lugar hay que matizar algunas situaciones de hecho. La incapacidad temporal es una situación completamente diferente de la maternidad, y más aún del permiso por lactancia. Así se deduce claramente no solo de la circunstancia largamente reiterada por los tribunales de que la maternidad no implica incapacidad temporal, sino de la propia regulación normativa. La Ley General de la Seguridad Social regula en su capítulo V la incapacidad temporal, cuyo artículo 160 establece sus diferentes modalidades, entre las que no se encuentra la maternidad. También el artículo 58 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo dispone que «cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación específica». Dicho lo cual no sería éste el caso, que analizamos, pues en el supuesto de la evaluación que ha de realizar la inspección de educación no se ha generado el derecho al cobro de un complemento específico, por el mero hecho de ejercer la dirección, sino que el reconocimiento del mismo está vinculado al derecho a la evaluación y al cómputo del periodo necesario, establecido por las Comunidades Autónomas.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, está huérfana de referencias a la evaluación del desempeño de los funcionarios y las funcionarias, en el ejercicio de sus cargos; si bien tiene dos referencias concretas que nos ayudan a entender la solución a la cuestión planteada:

  • El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable en la promoción profesional (artículo 5).
  • Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso (artículo 11).

Estamos ante una cuestión de legalidad, que corresponde regular a los poderes públicos. Estas medidas razonables y proporcionales, para corregir situaciones de desigualdad, en materia de la evaluación del desempeño en el ejercicio del cargo por funcionarias en situación de maternidad o asimilables se orientan, fundamentalmente, al cómputo del periodo de tiempo a estos efectos.

Existen ejemplos concretos de regulación que corrigen situaciones específicas de desigualdad, en las evaluaciones desempeño:

El Real Decreto 512/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos del personal de la Guardia Civil; con la finalidad de garantizar que la carrera profesional de la mujer guardia civil no se vea afectada por las particularidades derivadas de la maternidad, incluye medidas de protección cuando se den situaciones de embarazo, parto, posparto y lactancia de un hijo menor de doce meses. Éstas consisten en la posibilidad de renunciar a las evaluaciones para el ascenso o para la asistencia a determinados cursos de capacitación, sin que sea tenida en cuenta en el cómputo del número máximo de ocasiones establecidas en los artículos 66.4 y 70.3 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre.

En un entorno más cercano en la Resolución de 30/08/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se regula la fase de prácticas de los aspirantes que han superado el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado por Resoluciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de fecha 07/02/2019, por los turnos libre y de personas con discapacidad, existe una previsión normativa que afecta a la evaluación, de esta fase del proceso selectivo, para quienes disfruten de un periodo de maternidad o lactancia.

El apartado quinto de la norma anterior señala que la fase de prácticas tendrá una duración de seis meses, considerándose concluida con carácter general el 31/03/2020 para aquellos maestros y maestras que se hubieran incorporado a su realización el 01/09/2019 y no tengan concedido aplazamiento o interrupción de las mismas. De conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones de convocatoria de 07/02/2019, en el caso concreto de aspirantes que no puedan incorporarse a la realización de las prácticas o que una vez iniciadas deban interrumpirlas por la circunstancia de estar disfrutando de los permisos de maternidad y lactancia, se entenderá que completan la fase de prácticas si acreditan al menos 3 meses de prácticas efectivas en el centro entre el 01/09/2019 y el 30/06/2020.

En aquellos supuestos de falta de previsión normativa de los efectos de no cumplir con el periodo establecido por las Administraciones educativas para la consolidación del complemento retributivo del ejercicio de la dirección y la imposibilidad de evaluación del desempeño en el ejercicio del cargo, motivada por encontrarse las funcionarias en situación de maternidad o asimilable, el inspector o inspectora de educación habrá de dar traslado de esta circunstancia al órgano con competencia para que adopte las medidas legislativas ponderadas y razonables que corrijan una situación que es desfavorable para la mujer trabajadora. Vinculando esta acción con otras de las funciones de la Inspección, como son las de velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos en lo centros educativos, así como por la aplicación de los principios y valores recogidos en la LOE, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres, debiendo informar aquellas cuestiones que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios (artículo 151 de la LOE).

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